Parece que se acerca la gran reforma que el gobierno del Partido Popular prepara para el Ministerio de Fomento, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, y que podría presentar este próximo viernes en el Consejo de Ministros.
La medida, que parece estar bastante avanzada, contemplaría la aplicación de “peajes blandos” a todos los vehículos, por circular por la red de autovías del Estado, con unas tarifas sensiblemente menores que los actuales peajes que se aplican en las autopistas. Una medida en línea con lo afirmado por la ministra de Fomento de no aplicar la euroviñeta, dejaría fuera de este peaje a los camiones.
Se trataría de una medida que ya el anterior gobierno, con José Blanco como ministro de Fomentó, contempló con la constitución de una comisión para evaluar su posible desarrollo y que finalmente descartó.
Anteriormente se han escuchado voces, como la de la patronal de las constructoras Seopan, que presentó una propuesta que instaba a implantar un sistema, en esencia, similar al que ahora parece debatir el gobierno.
En este caso, el asunto fue incluído en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, antesala del Consejo de Ministros, que podría dar luz verde al proyecto este próxino viernes.
Cambio de modelo en las infraestructuras
Lo que se conoce como la tarificación de las infraestructuras, no sería sino el cambio de modelo de un sistema como el actual, que se basa en la financiación de las infraestructuras, construcción y mantenimiento, a través de impuestos, para ir a un sistema sustentado en los impuestos directos a los usuarios, a través de peajes por uso, para su financiación.
La delicada situación económica, con una imperiosa necesidad por parte del gobierno de buscar ingresos al Estado, se une a la situación de quiebra técnica en la que se encuentran muchas concesionarias de autopistas, con 4.000 millones de deuda acumulada como consecuencia de las caídas de ingresos motivadas por la disminución de los tráficos en las infraestructuras concesionadas, además de la polémica territorial, ¡cómo no!, desatada en algunas comunidades, como Cataluña, Murcia o Galicia.
No obstante esta fórmula no parece contar con el beneplácito de la Ministra de Fomento que preferiría estudiar otras fórmulas para reequilibrar el estado contable de las concesionarias de autopistas
En cualquier caso la medida, que llevaría aparejada inversiones de tipo técnico, como la instalación de sistemas de detección automática al paso de los vehículos, para el cobro del peaje correspondiente, no estaría implantada antes del próximo año.
España cuenta en la actualidad con una red de 3.300 km de autopistas de peaje, junto con otros 15.600 km de autovías con acceso gratuito, que serían a los que se aplicaría el nuevo modelo de pago por uso, que ya se aplica en los países vecinos como Portugal, Francia o Italia.
Adelanto de privatizaciones
Otra posible vía de ajustes en Fomento, es la de las privatizaciones de las sociedades públicas “del Grupo Fomento”.
En esta línea estaría Aena, cuya salida a bolsa decidida por el anterior ejecutivo fue suspendida por Ana Pastor a su llegada al ministerio, y que ahora podría ver acelerado su proceso de venta, sobre todo después de conocer la mejora de los resultados de explotación durante el ejercicio de 2011, conocidos el pasado lunes.
También se podría estar estudiando la integración de Feve en Renfe y la privatización, total o parcial, del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif.
En cuanto al transporte ferroviario de mercancías, se quiere abrir el sector, de una vez por todas, a la entrada de nuevos operadores, tanto nacionales como internacionales, en un proceso de liberalización que se abordó en lo legislativo, en la época de Aznar, pero que no ha tenido un verdadero desarrollo en lo que a prestación de servicios se refiere, donde Renfe Operadora sigue ostentando una posición de cuasi monopolio.
A este respecto está por ver el modelo definitivo por el que se opta para Renfe Mercancías, después de que el pasado mes de marzo se hiciese público por parte del gobierno el Plan de Reestructuración del Sector Estatal Público, que implicaba “de facto” la liquidación del modelo de segregación de Renfe Mercancías en sociedades independientes, tal y como confirmó la pasada semana el presidente de Renfe en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados.
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