Una nueva huelga de los transportistas podría aguardar a la vuelta de la esquina. La mayoría de las medidas aprobadas por el Gobierno para desahogar al sector del transporte no se ha desarrollado aún, y las que ya están fijadas apenas se cumplen.
Además, el precio del gasóleo no refleja la pérdida de valor del crudo. Éstas son las principales conclusiones a las que han llegado los camioneros tras volver de vacaciones. Por ello, amenazan de nuevo con paralizar el país dentro de menos de tres meses. Exigen un compromiso estatal para, al menos, “cubrir los costes de manipulación”.
Antes de verano, el 16 de junio, los transportistas adscritos a Fenadismer, Confedetrans y Antid decidieron “suspender temporalmente” la huelga que paralizó durante una semana las carreteras, los supermercados y las gasolineras de España, y supuso una caída de las exportaciones del 4% en junio. Para ellos, las medidas fiscales y sociales acordadas por el resto del sector y el Gabinete de Magdalena Álvarez no eran sino “parches”, pero, ante la presión social, decidieron conceder una tregua.
Ahora se acercan de nuevo al punto de ebullición. 25.000 empresas con 80.000 camiones se han adherido en la primera semana de septiembre a la Plataforma Nacional de Transportistas, que, junto a la Unión Independiente de Transportistas Anónimos (UITA), le ha puesto una fecha límite al Ejecutivo. “Si dentro de tres meses no hay una solución publicada en el BOE y que sea efectiva, habrá paros de nuevo, seguro”, afirma José Fernández, presidente de UITA. Por solución se refiere a que, “al menos”, se aprueben nuevas medidas que sancionen el incumplimiento de las acordadas en junio. Es decir, que se castigue a quienes paguen por debajo de costes, tomando como referencia los precios tipo del Observatorio de Costes y, como pruebas, aportarán facturas emitidas, para tratar de “evitar represalias”. Portugal e Italia sí han acordado medidas punitivas en casos de incumplimientos.
Actualmente la campaña de adhesión continúa: “Queremos llegar a la mayoría absoluta, con 80.000 empresas y más de 350.000 camiones”, asegura Fernández.
Reivindican un férreo control, con medidas antidumping, hacia los cargadores e intermediarios .
“Excepto nueve medidas sin calado económico, el resto no ha sido aún anunciado ni desarrollado por Fomento”, asegura Juan José Gil, secretario general adjunto de la Federación Nacional de Asociación de Transportes de España (Fenadismer, la principal patronal responsable de los anteriores paros). “Faltan por aprobarse importantísimas medidas de carácter básicamente fiscal, como la reducción del impuesto de seguros o la devolución del IVA”, agrega.
Gasóleo
José Fernández, presidente de UITA, añade: “Estamos peor que cuando la huelga, y resulta que nadie del Ministerio de Fomento sabe por qué no se cumple nada”. Fundamentalmente, se queja de que los cargadores hacen caso omiso de “la medida más aprovechable”, el establecimiento de una cláusula de actualización de la tarifa de transporte en función de la evolución del precio del gasóleo. Esto no se lleva aún a cabo en más de un 90% de los casos, según un estudio que prepara Fenadismer tras realizar una encuesta a 5.900 empresas. Los cargadores aducen que el parón de la construcción ha menguado el transporte de materiales y muebles, y ello ha impactado en su actividad y, además, ha provocado una sobreoferta de camioneros. De hecho, desde el 26 de agosto no se puede trabajar en el sector de la construcción si no se está registrado en el Registro de Empresas Subcontratistas.
El 17 de septiembre las organizaciones de transportistas se reunirán en la sede del Ministerio de Fomento, menos Plataforma (que no ha acreditado la representatividad). Aún no hay orden del día, pero el desarrollo de las medidas será seguro el tema principal, según fuentes del sector. Aunque el Ministerio no está convocado, desde UITA aprovecharán para “pedirle que tome cartas en el asunto. Si no hacen nada, habrá paros en diciembre.
Fenadismer también sopesa pasar a la acción: “Vamos a darle un plazo al Gobierno, pero sin fechas concretas. Si la evolución del sector no es satisfactoria volveremos a la carga, eso es seguro. De hecho, nosotros nunca desconvocamos la huelga; sólo la suspendimos”.
Sólo se ha puesto en marcha una de cada seis medidas acordadas
De las 54 medidas acordadas por Fomento y los camioneros, hasta ahora sólo se han desarrollado nueve (una de cada seis).
Son las siguientes:
- Establecimiento de plazo máximo de pagoa 30 días, salvo pacto en sentido contrario.
- Establecimiento de cláusula de actualizaciónde las tarifas en función de evolución del preciodel gasóleo. Más del 90% de los cargadores la incumple, según un estudio de Fenadismer.
- Revisión de la Orden de ayudas para el abandono de la actividad a los mayores de 58 años. La puesta en práctica de esta medidano se producirá hasta 2009.
- Revisión del régimen de autorizacionesde transporte.
- Limitaciones a la realización del transportede cabotaje en España.
- Renovación del actual del convenio entre el ICO y el Ministerio de Fomento para conceder créditos a las empresas del transportede mercancías por carreteras.
- Diferimiento de las cotizaciones a la Seguridad Social por las empresas de transporte.
- Autorizaciones a las asociaciones de transportistas para gestionar expedientesde sus asociados ante las Jefaturas de Tráfico.
- Publicación semanal por el Ministerio de Industria del índice de variación del precio medio de gasóleo.
Esta medida está en funcionamiento desde el 10 de Julio de 2008.
Cada jornada sin camiones cuesta 500 millones
En una huelga de transporte por carretera como la del pasado mes de junio los camioneros no sólo cortan las principales arterias de la red viaria española. También taponan el riego sanguíneo de los sectores económicos que dependen del sector. Agricultores, ganaderos, fabricantes de coches, distribuidores comerciales y las industrias alimentaria o metalúrgica, entre otros, sufrieron pérdidas millonarias en los ocho días de paros. A ellos se le sumaron los camioneros que no se quisieron adherir a la huelga, que fueron la mayoría. Incluso la industria farmacéutica hizo sonar las alarmas de desabastecimiento. Las estimaciones recabadas con datos de las patronales, apuntan a que la huelga pasó una factura de más de 500 millones de euros a las empresas españolas. Los damnificados más directos fueron los camioneros que no apoyaban el paro.
Según datos de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, que aúna un 66% del sector, sus transportistas perdieron 77 millones diarios. A esto habría que sumarle unos 5 millones de euros al día para sufragar los destrozos provocados por los piquetes. Además, sólo en los cortes de pasos fronterizos se bloqueó la salida diaria de 250 millones de euros.
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